Este fin de semana se han cumplido 30 años de aquel 6 de diciembre de 1978 en el que se celebraron las terceras elecciones democráticas desde la muerte del dictador Franco. En aquella ocasión se preguntaba a través de Referéndum si se aceptaba o no la Constitución aprobada por el Congreso de los Diputados, que, entre otras cosas, establecía una Monarquía parlamentaria con sufragio universal. Algo más de 26.500.000 de personas tenían derecho a voto aquel día, pero sólo 17.873.271 ejercían dicho derecho. La inmensa mayoría de estas personas, el 88,54%, votaba de manera afirmativa, mientras que el 7,89% lo hacía en contra. 30 años más tarde, nuevas generaciones, que aquel día no votaron por ser menores o por no haber siquiera nacido, abogan por una reforma, y de manera más radical y menos apoyada por una nueva Constitución. Los padres de dicha Constitución -Gabriel Cisneros, José Pedro Pérez Llorca, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (de UCD), Miquel Roca Junyent (Pacte Democràtic per Catalunya), Manuel Fraga (AP), Gregorio Peces-Barba (PSOE) y Jordi Solé Tura (PCE)- habían creado un texto conciliador, con la figura de un monarca ‘figurativo’, en cuanto que su papel real es de sancionar todo lo que aprueba el Parlamento; y establecieron métodos para que las distintas regiones se constituyesen en Comunidades Autónomas si querían a través, entre otras cosas, de la creación de Estatutos Autonómicos. En estos dos puntos se halla, 30 años más tarde, la polémica.
En cuanto al Título II, que describe todo sobre la Corona, se establece que prevalece el hombre sobre la mujer en la sucesión a la Corona, lo que llevará al Príncipe de Asturias al trono cuando fallezca o abdique el Rey Juan Carlos, en vez de su hermana la Infanta Elena, que fue la primera hija de Sus Majestades. Esto discrimina claramente a la mujer, por lo que los partidos mayoritarios se pusieron de acuerdo en que hay que cambiarlo, a raíz del nacimiento de las Infantas Leonor y Sofía, hijas de los Príncipes de Asturias, que verían, ahora mismo, cómo en caso de que sus padres tengan un tercer hijo y sea niño, éste les pasará en la línea sucesoria, colocándose el primero. El problema está en la burocracia que conlleva el cambio de la Constitución, ya que tendría que votar el Parlamento, aprobarlo por mayoría amplia, disolver el Parlamento convocando nuevas elecciones, que el nuevo Parlamento que salga lo apruebe por mayoría amplia y que se apruebe en Referéndum. Las pasadas elecciones de marzo hubiesen sido el momento idóneo, pero al no hacerlo, habrá que esperar cuatro años más, de manera casi segura, para que esto se lleve a cabo.
En cuanto a las Comunidades Autónomas, la Constitución otorga el término de ‘nacionalidad histórica’ a Catalunya, Euskadi y Galicia, además de establecer un sistema foral en Navarra y Euskadi, que tienen su propia Hacienda. En la Constitución se cita también la solidaridad económica entre las Comunidades, lo que viene a ser que lo que genera una Comunidad no se lo queda en su totalidad dicha Comunidad, sino que las que menos tienen reciben más ayuda de quienes más generan, para evitar tantas desigualdades. El reparto de dinero en los Presupuestos Generales del Estado se realiza a través, por norma general, de principios como el de proporción entre la cifra que se da y el número de habitantes de dicha Comunidad, para hacerlo de una manera más justa.
En los últimos años las quejas políticas han ido hacia Catalunya, que consiguió en 2006 una ayuda económica de más de 3.000 millones de euros por parte del Gobierno Central, lo que volvió a poner de moda el término ‘deuda histórica’. A este término se acogieron todas las Comunidades Autónomas cuando ocurrió este hecho, dejando claro que lo que decía la Constitución no se ha llevado a cabo en ningún momento. La famosa deuda con Catalunya venía porque cada año se le daba menos dinero de lo que le correspondía del PIB nacional, y con estos más de 3.000 millones se acolchaba dicha deuda. El resto de Comunidades siguieron el ejemplo y comenzaron a reclamar dinero por falta de inversión del Gobierno Central, a lo largo de los años de Democracia, para infraestructuras.
Además del tema económico, es evidente que también hay un problema de nacionalismos, para los cuales la Constitución no da una solución, o sí, según se mire, ya que habla de la indisolubilidad del Estado, pero no deja margen a posibles procesos democráticos de independencia. Esta misma semana, la banda terrorista ETA, que se decidió a buscar el independentismo vasco a través de la violencia, ha vuelto a aparecer en escena. Un etarra ha asesinado con dos disparos a un empresario vasco, Ignacio Uría, de 71 años, mientras que otro terrorista le esperaba en un coche para huir de la zona. Aunque El Ocho es un periódico digital en crecimiento y esto no llegará a los familiares de Uría, no queremos desaprovechar esta oportunidad en fechas en las que se habla de Democracia para condenar este atentado y dar el pésame a todos sus allegados.
Además, queremos abogar por el uso de la Democracia para conseguir los fines deseados, tal y como hacen partidos políticos vascos como el PNV, que gustarán sus ideas o no, pero trata de conseguir la independencia de Euskadi a través de la política, con métodos legales, y asiste siempre a todos los actos de repulsa contra aquellos que piensan que la violencia les hará vencedores de una lucha que están destinados a perder, tarde o temprano.
Rubén V.
El SARI ROJO, narra la historia real de la familia Nerhu-Gandhi, haciendo especial hincapié en la vida de la actual presidenta del Partido del Congreso de la India. Una historia que comienza, cuando Sonia Maino, estudiante de 19 años y de familia humilde, y Rajiv Gandhi, perteneciente a la familia más poderosa de la India y que posteriormente será primer Ministro del país, se conocen. A partir de entonces, sus vidas se unirán para siempre dando un giro inesperado. 
